La reprobable transgresión de la embajada mexicana en Ecuador, resalta de refilón un tema no menos relevante. Me refiero a la práctica de asilo político que el Estado mexicano ha estado ejecutando en los últimos años con nacionales de diversos países de América Latina. 

De hecho, el asilo político, en su modalidad de asilo diplomático por parte de la embajada mexicana en Ecuador, fue la razón por la que el gobierno de aquel país irrumpió en la representación diplomática.  Desde diciembre del año anterior, Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, procesado penalmente por el delito de peculado, se internó en el inmueble de la embajada tras la activación de una nueva orden de aprehensión en contra suya. Ha de decirse que la embajada mexicana lo mantuvo cerca de cuatro meses en carácter de huésped, término inexistente en el derecho internacional. No fue hasta el viernes cinco de abril cuando Relaciones Exteriores oficialmente anunció que se le había proporcionado asilo al político ecuatoriano. 

En términos generales, el asilo político en el sistema internacional contemporáneo es aquella práctica en la que un estado toma la decisión de garantizar la protección, amparo y asistencia en su territorio a aquellas personas presas de persecución por motivos políticos en los países donde habitan. La normatividad del asilo político se encuentra desarrollada en varios instrumentos como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas o la Convención sobre Asilo Territorial de la Organización de los Estados Americanos. Valga precisar que el asilo diplomático, es decir la protección brindada a un perseguido en una representación diplomática, no goza del mismo consenso a nivel internacional. 

En respuesta al surgimiento de contextos de represión política en diversas latitudes, a lo largo del siglo XX, México desarrolló una tradición significativa como país santuario de perseguidos. Por mencionar algunos ejemplos, en la década de los treinta recibió al político soviético León Trotski. A partir de la misma década, numerosos ciudadanos españoles se trasladaron a México como asilados de la Guerra Civil Española. Posteriormente, ante la irrupción de dictaduras en Chile y Argentina, México brindó asilo a numerosos perseguidos. 

Dada el ordenamiento interno mexicano, el gobierno y el presidente en turno cuentan con una amplia discrecionalidad para decidir a cuáles de los solicitantes de asilo, brindarles la protección jurídica y a quienes negárselas. Generalmente en este tipo de decisiones suelen verse involucradas consideraciones de afinidad ideológica con el asilado o de mantenimiento de relaciones con los gobiernos acusados de ser opresores. Por ejemplo, fue clara la afinidad ideológica entre el presidente Cárdenas y León Trotski o entre el primero y los asilados españoles, en su mayoría socialistas perseguidos.    

A pesar de este espacio de discrecionalidad de la que goza el presidente mexicano, en la tradición mexicana de asilo político se pueden resaltar una serie de principios comunes, más o menos respetados en las diversas decisiones de asilo. Una suerte de doctrina. 

El asilo político se les ha otorgado a solicitantes que argumentaban ser perseguidos por aparatos dictatoriales establecidos o bien que habían llegado al poder a través de medios violentos anulando sistemas democráticos previos. Éstos dos criterios pueden encontrarse desde el asilo brindado a Trotski, pasando por el otorgado a los perseguidos por la dictadura de Pinochet hasta el asilo brindado al presidente hondureño Zelaya durante el gobierno de Felipe Calderón.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el extenso otorgamiento de asilo a políticos de Latinoamérica, en diversas ocasiones se aleja de la doctrina anterior. En el presente sexenio, se ha otorgado asilo político a personas que declaran ser perseguidas políticas dentro de contextos reconocidos como democráticos. Diversos de los solicitantes, han pedido la protección del estado mexicano una vez que por medio de votaciones salieron del poder. Incluso algunos de ellos, han solicitado la protección de México una vez que tienen cargos penales en su contra o cuando perciben que en el corto plazo adquirirán la categoría de acusados. Justo ha sido el caso del ex presidente de Bolivia Evo Morales que recibió asilo político de México en 2019, o el caso del asilo diplomático recibido por el ahora célebre Jorge Glas.

Es complejo responder si ha sido prudente o no, que el actual gobierno mexicano se haya alejado de la doctrina tradicional de asilo. En los sistemas democráticos pueden darse casos de persecución política. Tal vez en una proporción menor que en los gobiernos autoritarios, pero es perfectamente posible. Sobre todo, en aquellos contextos en los cuales la división de poderes es baja o se ha diluido. 

Lo que es un hecho es que el otorgamiento de asilo a políticos que fueron desplazados del poder por una votación o sobre quienes pesan acusaciones de tipo penal, introduce a la práctica del asilo en un contexto de creciente duda e incertidumbre acerca de las intenciones de los solicitantes y de los propósitos de México al otorgar la protección. 

Una primera hipótesis puede ser que en verdad en diversas democracias latinoamericanas se esté llevando a cabo operaciones de persecución política, en cuyo caso, el cambio doctrinal de México podría considerarse virtuoso. Pues se estaría ajustando a nuevas realidades políticas que antes no se tenían contempladas.  

Pero también puede ser posible que los solicitantes de asilo a México, vean en esa figura, una puerta de escape para eludir a la justicia en sus respectivos países. Es decir que vean en la figura del asilo político un pase a la impunidad. 

En dicho caso, la nueva doctrina mexicana de asilo sería viciosa, pues se le estaría convirtiendo en un mecanismo para satisfacer intereses de partido o de facción.   

Ejemplifico a qué me refiero con utilizar facciosamente el asilo político. Puede darse el caso de que una coalición gobernante utilice el asilo político para proporcionar un pase de impunidad a la colación gobernante de otro país con miras a tener un trato recíproco en el futuro, pues sabe que sus acciones en gobierno, la podrían llevar a enfrentar acusaciones penales en caso de salir de las posiciones de poder. 

También podría ser que una colación gobernante utilice el asilo político como un medio para mantener la estructura de cuadros políticos extranjeros con intereses y visiones afines y que por tanto son considerados como estratégicos en la visión internacional de los miembros del gobierno que otorga la protección. 

En este aspecto, llama la atención que, en los últimos años, México ha otorgado asilo político a más de ocho políticos ecuatorianos considerados correístas, grupo político que comparte membresía con Morena en el Foro de Sao Paulo y cuyo líder, el ex presidente de izquierda Rafael Correa, solicitó asilo político en Bélgica, después de que, en el sistema ecuatoriano, se formularon cargos criminales en su contra.   

Como se mencionó anteriormente, no es posible asegurar que la práctica de asilo en México se está tergiversando del todo, pero sí existen diversas evidencias que apuntan hacia allá. Además, el nivel de polarización política que muchos países latinoamericanos han experimentado en los últimos años, puede incrementar los incentivos para que sus élites políticas utilicen el asilo como ruta de escape o como vía de mantenimiento de cohesión grupal, en vez de respetarlo como lo que es. Una antiquísima y a mi juicio, necesaria institución internacional, que le brinda un templo inviolable al perseguido.