El 28 de julio pasado, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Venezuela. Ante la presión interna y externa de llevar a cabo elecciones presidenciales en este país a fin de legitimar la figura presidencial, Maduro accedió a realizar estos comicios, sabedor que los iba a ganar. Sin embargo, nunca consideró que en esta ocasión, la oposición, en la figura principalmente de María Corina Machado iba a capitalizar la desesperanza, la pobreza, la incertidumbre, la deplorable economía, la salida del país de casi siete millones de personas, la inseguridad, y sobre todo, el cambio que millones de venezolanos reclaman, después de 25 años de chavismo.

En un ambiente de tensa calma, se llevaron a cabo estos comicios presidenciales cuyos resultados fueron dados a conocer a las doce de la noche del mismo día después de una caída del sistema. La sorpresa fue mayor cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el triunfo a Nicolás Maduro con un 51.95% e indicó que el principal oponente, Edmundo González Urrutia obtuvo el 43.18%.

Fue a partir de este momento que la oposición habló de fraude y se dio a la tarea de conjuntar todas aquellas actas de una gran mayoría de mesas, a las que tuvo acceso, demostrando al pasar de los días, que el ganador con el 67% de los sufragios había sido Urrutia y no Maduro. Con ello, exigieron al gobierno la presentación de las actas que por ley constitucional debía presentar el CNE en un término de máximo cuatro días sin que a la fecha lo hayan realizado.

Las manifestaciones no se hicieron esperar por ambas partes y mucho menos la represión que el gobierno de Maduro ha estado realizando contra miles de jóvenes y activistas que luchan por un cambio y un mejor país. Se dice que a la fecha hay mas de dos mil personas secuestradas por el régimen y que han sido llevadas a las mazmorras de las cárceles venezolanas.

Ante este contexto, la comunidad internacional ha alzado la voz exigiendo al gobierno de Maduro la presentación de las actas a fin de comprobar si efectivamente el es el ganador o la oposición.

Los países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Perú, entre otros, han desconocido abiertamente el triunfo de Maduro y éste ha roto relaciones diplomáticas con ellos. Otros como Brasil, México y Colombia buscan una salida ordenada a la crisis mediante una mediación, y países como Estados Unidos de Norteamérica, algunos países Europeos, entre los más importantes España y Noruega, reclaman la presentación de las actas oficiales para comprobar el triunfo del oficialismo o la oposición.

En este contexto, el presidente venezolano se dice víctima de una conspiración internacional a través de un golpe de estado “de la extrema derecha”.

En Venezuela, las elecciones se han convertido en un mero instrumento de legitimación más que en una expresión genuina de la voluntad popular.“ Al restringir la competencia electoral, controlar los medio de comunicación y reprimir cualquier forma de disidencia, el régimen ha asegurado su permanencia en el poder a pesar del creciente descontento popular”.

Mientras el régimen tenga el apoyo militar, su permanencia esta garantizada. “Maduro incrementó la presencia de los militares en el poder y en los negocios para sellar su lealtad. El investigador Javier Corrales distingue tres tipos de militares-empresarios en Venezuela: los que dirigen compañías públicas, los que tienen negocios privados que contratan con el Estado y los implicados en negocios ilegales”.

Maduro pretende legitimar su permanencia al precio que sea por dos razones de suma importancia: el poder político que ejerce desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, so pretexto de seguir adelante con la “Revolución Bolivariana”; y el poder económico que le da ser el presidente del país con las mayores reservas de petróleo del mundo, certificadas, y con grandes reservas minerales en oro.

Ante este panorama la comunidad internacional no debe permanecer indiferente y debe buscar por todos los medios una salida negociada sin que sea el paso del  tiempo el factor que haga olvidar a este país y que ha sido el arma más importante del régimen de Maduro a través de todos estos años de su permanencia en el mismo.